Por: Diego García Bejarano. Ambientalista
Para el año 2008, fiel a sus principios y posición política, el gobierno del Polo Democrático en cabeza de su alcalde Samuel Moreno, esboza un enfoque de derechos sobre su plan de desarrollo. Una ciudad con derechos y el derecho a la ciudad, es la línea argumentativa del sometimiento del poder a este enfoque. Como resultado de un movimiento ambiental impulsor en los años 70 de un estado social de derecho, alimentados por las instancias internacionales como el Club de Roma en 1973 con los limites del crecimiento, el Protocolo de Montreal y la Cumbre de la tierra en el 92, introduce el concepto de desarrollo sostenible a todas las apuestas políticas del país, y el Polo en su gobierno no es la excepción.
Gustavo Petro, para el 2012, funda un movimiento significativo de ciudadanos que con la recolección de firmas asumen el poder, manteniendo una línea cercana a los programas que traía el Polo Democrático. Los Progresistas, identifican rápidamente los detonantes del sistema, encontrando sus elementos discursivos en los riesgos de la economía extractiva y en la privatización de los servicios vitales. La fijación para Petro, quien interpreta los acontecimientos mundiales y nacionales, se basa principalmente en el enfrentamiento al cambio climático y la ordenación del territorio en torno al agua, así como la lucha contra los negocios asociados a los servicios públicos.
Hasta aquí, Bogotá del año 2008 al 2015 traza una política ambiental basada en los derechos y con apuesta programática para enfrentar el cambio climático.
La entrada de Enrique Peñalosa, traza un nuevo rumbo. El enfoque de derechos y de la participación pasan a un segundo plano. Se mantiene la intención de enfrentar el cambio climático desde acciones de adaptación, pero por sobre todo, direcciona su política ambiental a la eficiencia energética y el crecimiento compacto con equidad de la ciudad.
Es muy probable que basado en el cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre cambio climático, que calcula los ahorros de las emisiones de gases efecto invernadero, Peñalosa considere su pilar para el aporte en la reducción de los gases contaminantes, basados en la eficiencia y por ende su contribución a las acciones en el ámbito del cambio climático.
En la apuesta política denominada el nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, para el periodo 2020 – 2023, liderada por Claudia López, es evidente el énfasis en el cambio a los hábitos de vida, y nuestra adaptación con mitigación al cambio climático.
En este sentido hace hincapié en una política centrada en el individuo, donde prima un humanismo liberal basado en el comportamiento, las creencias, agrupación de opiniones y la intención de ejecutar conductas ambientalmente responsables. Algunos expositores en esta materia como Hines, define la conducta ecológica responsable basada en los factores situacionales, el conocimiento, las destrezas, el locus de control y la responsabilidad personal.
Así las cosas, Bogotá debería al cabo de 16 años, sin lugar a dudas, ser una ciudad que enfrenta el cambio climático. Al fin y al cabo, esta apuesta es el descriptor ineludible en todas las administraciones. También debería ser un referente del ordenamiento basado en los ecosistemas y poseer una generación consciente de sus actuaciones con el entorno.
Para evidenciar esto, habrá que exponer comparativamente las metas en cada plan de desarrollo, constatar si tenemos una línea concordante para mejorar la calidad ambiental como ciudad y mostrar a los gobiernos y sus ciudadanos, que tanto mantenemos coherencia, suficiencia y pertinencia en nuestras políticas publicas cuando se trata de nuestra sustentabilidad ambiental.